La iniciativa fue aprobada por unanimidad en general por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. El proyecto propone penas de hasta 20 años de cárcel para quienes extorsionen a comerciantes mediante cobros reiterados, amenazas e intimidación.
Los emprendedores y comerciantes que enfrentan amenazas y cobros ilegales para poder mantener sus negocios podrían contar con una mayor protección legal. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó en general y por unanimidad un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones por extorsión vinculada al control territorial y a la imposición de pagos económicos reiterados.
La iniciativa, presentada por la bancada del Partido Comunista, apunta a enfrentar prácticas como el cobro de los denominados “derechos de piso”, mediante los cuales grupos criminales exigen dinero a comerciantes a cambio de permitirles continuar trabajando en determinados sectores.
Uno de los casos que motivó la discusión fue el de un comerciante de Santiago que habría tenido que pagar $10 millonesal grupo conocido como el “Cartel de las Vacunas”.
Penas de hasta 20 años de cárcel
El proyecto propone incorporar agravantes cuando la extorsión involucre pagos reiterados, intimidación, asociación criminal, amenazas contra la vida o cuando la víctima sea un comerciante.
En estos casos, las sanciones podrían alcanzar penas de 10 a 20 años de presidio. Además, la propuesta establece que no sería necesario que el pago exigido se concrete para que se aplique la agravante.
La iniciativa también contempla penas de entre 3 y 10 años de cárcel para quienes participen conscientemente en la cadena de pagos y sepan que los recursos provienen de estas prácticas ilícitas.
Durante la discusión, el diputado Bernardo Salinas sostuvo que este tipo de cobros no puede normalizarse, especialmente cuando afecta a personas que dependen de sus negocios para generar ingresos y sostener a sus familias.
Debate por la proporcionalidad de las penas
Pese a la aprobación general, durante el debate surgieron cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las sanciones propuestas. Algunos parlamentarios advirtieron que las penas podrían superar las correspondientes a delitos de mayor gravedad, como el homicidio.
Estas observaciones podrán abordarse durante la discusión en particular, etapa en la que se espera la participación del Ministerio de Seguridad y de la Fiscalía para aportar antecedentes técnicos.
El presidente de la comisión, el diputado republicano Cristián Araya, planteó que el texto puede servir como base para continuar el debate y perfeccionar la iniciativa.
¿Qué viene ahora?
La comisión fijó el 19 de octubre como plazo para presentar indicaciones, con el objetivo de introducir modificaciones antes de continuar la tramitación legislativa. Además, encomendó al diputado Bernardo Salinas la tarea de presentar y discutir el proyecto con el Ejecutivo.
La iniciativa todavía debe avanzar en su tramitación parlamentaria, por lo que las sanciones propuestas podrían experimentar cambios antes de convertirse en ley.
Para los emprendedores y comerciantes, el debate pone sobre la mesa un problema que va más allá de las pérdidas económicas: la extorsión puede afectar la seguridad de quienes trabajan, la continuidad de sus negocios y la posibilidad de desarrollar actividades comerciales sin amenazas.
